Además del abandono total en el que se encuentran las comunidades indígenas por parte del Estado y las consecuencias como la pobreza extrema, la carencia de servicios básicos de salud y educación; se enfrentan a la violencia constante en sus territorios, pues son sumamente apetecidos para jugosos proyectos de inversión extranjera o considerados puntos estratégicos para los diferentes actores del conflicto armado nacional. (Primer a Parte)No es un secreto para el país la deficiente atención médica que reciben los indígenas de Colombia, y en muchas ocasiones, las miles de muertes por enfermedades que se habrían podido evitar -de no ser por la escasez de medicinas o médicos preparados que logren llegar a las zonas afectadas-, terminando así en verdaderas tragedias.
La más reciente noticia de problemas de salud, se dio el 9 de septiembre del presente año en Vitoncó, Tierradentro, al encenderse las alertas de emergencia debido a un brote de diarrea que ha afectado a más de 300 personas y ha causado la muerte de tres niños.
Alberio Vistus, autoridad tradicional del Vitoncó, dio a conocer que se "ha declarado emergencia de salud pública por el brote de diarrea que ha causado la muerte a varias personas" y afirmó también que "hasta el momento se ha contado con el acompañamiento del Hospital San Vicente de Paúl, la AIC, la Unidad de salud de Belalcázar y la Universidad Nacional que ha tomado varias muestras del agua y alimentos, para conocer las causas de esta enfermedad".
La comunidad de Vitoncó está conformada por 8 veredas, y entre ellas la localidad La Cruz con una población de 1.200 personas, lugar donde se ha presentado esta epidemia, y donde el personal de salud ha centrado su trabajo. Pero a pesar de los esfuerzos de las anteriores organizaciones "falta más acompañamiento y atención por parte del Estado, pues las ayudas no han sido suficientes" según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN, haciéndose urgente la colaboración de la ciudadanía, ya sea económica o con sueros antidiarreicos y medicamentos para la fiebre, entre otros, junto con la presencia de más médicos en este resguardo de Vitoncó.
Contradictorias nociones de progreso
Otro gran problema al cual se ven enfrentadas las comunidades indígenas en nuestro país es la riqueza de sus tierras, conservadas por ellos hace miles de años, pues aunque suene extraño que ésto sea un inconveniente, el Gobierno Nacional ha iniciado una gran cantidad de proyectos que afectan directamente el corazón de sus territorios.
Un claro ejemplo de lo anterior es el ambicioso megaproyecto que se adelanta en la Sierra Nevada de Santa Marta, que consta de tres partes: la creación de una represa en el Río Ranchería y el único importante que surca La Guajira; el desarrollo de un distrito de riego que se planea extender a lo largo de más de 18 mil hectáreas, por los municipios de sur del departamento, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca y Barrancas para aumentar la producción agrícola; y tercero, el desarrollo de un plan agropecuario para la creación de nuevos negocios agroindustriales, como el ají, la páprika, y el arroz.
Pero las comunidades indígenas se resistieron a la "construcción de la gigante muralla de 110 metros de alto que atrapó el río, porque irrespeta una zona sagrada y rompe el equilibrio que debe existir entre hombre y naturaleza". Además, la obra se hizo sin el consentimiento ni la participación de sus auténticos líderes, como lo documenta el reconocido fotógrafo estadounidense Stephen Ferry, quien realizó una investigación a fondo patrocinado por Becas Avina de periodismo.
Por otro lado ambientalistas y dirigentes empresariales guajiros, consideran que no se hicieron los suficientes estudios de impacto y que las consecuencias que tendrá la represa sobre la región y el río pueden a la larga dejarlo seco. El primer presagio que pareció confirmar sus temores fue los 3.000 bocachicos, besotes, barbudos y dorados, entre muchos otros peces, que murieron luego del desvío del río que se hizo a mediados de 2007. No obstante, la construcción sigue en marcha y no se detendrá hasta que se cumpla el cronograma y quede lista en el 2011.
Es así como vemos con preocupación que las fuentes hídricas y las cuencas de los ríos más importantes en Colombia son devastadas y los territorios indígenas son violentados sin ninguna clase de respeto por sus creencias y propiedades.
Por otro lado, el agro-negocio y las plantaciones en la Costa Pacífica y el piedemonte de la Cordillera Occidental, que incluye el territorio ancestral del pueblo Awá afectado por las masacres y el desplazamiento en curso, son zonas estratégicas de interés para proyectos de acumulación económica legales e ilegales que incluyen grandes plantaciones de caucho, palma aceitera, lo mismo que plantaciones y laboratorios de procesamiento de coca. Al igual que en el resto del país, estos proyectos agro-comerciales, requieren y se apoyan en el uso de la violencia y del terror contra los moradores ancestrales del territorio en la perspectiva de despojarlos y desterrarlos.
Ahora los fusiles apuntan a los indígenas
En lo que va corrido del año 2009 setenta y siete (77) indígenas han sido asesinados en Colombia, lo cual es una cifra realmente alarmante que reafirma que las políticas dirigidas al sector resultan insuficientes para evitar estas masacres y por el contrario, día tras día crece el manto de impunidad que oculta estos sucesos.
Una de las comunidades más afectadas en esta oleada de muertes son los Awá, ya que del total de indígenas asesinados en lo que va corrido de este año, el 50% eran pertenecientes a dicho grupo, es decir treinta y ocho (38) indígenas Awá han sido asesinados hasta la fecha (la misma de la denuncia de la UNIPA en la pagina del polo).
La última noticia se presentó en la madrugada del día 26 de agosto donde fueron masacrados 6 adultos: Tulia García Guangua de 35 años, Laurencio García de 38 años, Carmela Guangua de 18, Fabio Taicus de 18 años, Alfredo Guangua de 19 años y Amparo Nastacuas de 21 años. Además 6 menores de edad: Keison Ferney de ocho meses de dad, la niña Nancy Jazmín de 5 años, Alexander Rodríguez de 6 años y Jaime Laurencio García de 5 años, Luís García de 13 años y Roberto Guangua de 17 años, dándose la sospechosa circunstancia de que entre los últimos se encuentra Sixta Tulia García Guango, única testigo del asesinato de su marido Gonzalo Rodríguez García a manos del ejército colombiano el pasado 23 de mayo.
Un crimen de esta magnitud, claramente racista y que compromete al Estado y al Gobierno, generaría una reacción nacional y mundial de repudio contra todos los actores armados que están cometiendo estas masacres. Pero acá no pasa nada, porque en Colombia avanza un plan de exterminio que beneficia intereses particulares de acumulación en detrimento de las comunidades.
En este punto podríamos anotar que el Gobierno colombiano tiene todo tipo de responsabilidad, por acción y por omisión en estos constantes ataques que día tras día vuelven más débiles los grupos indígenas y que se están llevando a cabo por distintas zonas del país. Ya que las masacres contra los Awá en Nariño no son hechos aislados de las matanzas en San José de Apartadó, Urabá, Catatumbo, Amazonía, Cauca y todo el territorio Nacional.
Por otro lado una nueva tragedia enluta al pueblo Nasa en el norte del Cauca, resguardo de Toribío Cauca, que fue dada a conocer por un comunicado a la opinión pública por parte de La Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca ACIN-CXAB WALA KIWE, donde informaba que:
"Por efectos de la guerra generalizada que se vive en la región, el 31 de agosto del año 2009 siendo las 10: 00 a.m. en la vereda Vichiquí municipio de Toribío Cauca, cuatro (4) comuneros, integrantes de una misma familia, resultaron muertos al explotar una granada de mortero abandonada por grupos armados que hacen presencia en la región. El artefacto explosivo había sido abandonado de manera irresponsable cerca a la casa donde habitaba la familia".
En otro punto del país también se vive este ambiente de terror y zozobra, pues casi seis meses llevan los indígenas de la comunidad de López Adentro, en Caloto (Cauca), viviendo rodeados de hombres que los están matando.
Uno de los últimos asesinatos ocurrió el pasado viernes 31 de julio, cuando José Wilson Ramón Vivas, de 42 años, estaba en su casa hacia las siete y media de la noche, en el momento en que cinco hombres encapuchados llegaron hasta allí., amenazaron a su esposa, Mariela Guejia, y a sus dos hijos. Después, le dispararon a Wilson hasta matarlo delante de toda su familia.
Este lamentable episodio se suma a otros tantos que han venido ocurriendo desde comienzos de este año, cuando se creó el Cabildo Indígena de López Adentro. Estas comunidades nativas crean cabildos, que son gobiernos autónomos, cuando sienten la necesidad de organizarse para defender sus derechos y en este caso los indígenas sentían que su región está cautivando los intereses inversionistas que saben que allí pueden encontrar riquezas para explotar, como oro, agua y madera.
No obstante, en convenios internacionales ratificados por leyes colombianas (1) se establece explícitamente que cuando se desarrollen actividades económicas en territorios donde viven indígenas, hay que concertar con ellos. Cualquier intervención debe ser producto de un acuerdo y eso es lo que están reclamando desde el cabildo de López Adentro, el cual tiene una cobertura sobre cuatro comunidades que suman 2.080 habitantes.
Y parece que la situación no va a cambiar en el corto plazo. "Al contrario, cada vez es más frecuente ver encapuchados andando por ahí, en motos o en carros, sin saberse qué quieren hacer o quién será su próxima víctima" (Revista Semana.com, 03 Agosto 2009).
Pero lamentablemente las noticias de este tipo no paran acá, ya que en el departamento de La Guajira, al menos nueve Wayúu han resultado muertos en lo que va corrido del año 2009.
De estas nueve víctimas fatales conocidas, tres corresponden al accidente con Explosivos Remanentes de Guerra (ERG) y Munición Sin Explotar (MUSE) que se presentó el 9 de junio de 2009 en una ranchería de Urbilla (según lo notifica la ONIC). Y las restantes seis -una en Uribia, una en Manaure, una en Dibulla y tres en Riohacha- por la forma en que se llevaron a cabo, develan la etapa por la que actualmente está atravesando el conflicto armado en el Caribe, en la cual los grupos armados ilegales derivados de las antiguas AUC, acuden a la utilización creciente de las redes de dominación y de las bandas sicariales para la realización de una gran variedad de acciones violentas contra la población civil, todo ello con el propósito de que su operatividad quede encubierta bajo la etiqueta de hechos criminales inherentes a la delincuencia organizada.
El último asesinato se presentó en horas de la madrugada del pasado 7 de septiembre de 2009 cuando, en circunstancias que a la fecha no han sido plenamente esclarecidas, fue asesinado de tres disparos de bala, Juan González Jusayu, de 60 años de edad y miembro de la población en situación de desplazamiento vinculada al Cabildo Wayúu de Wepiapaa, en momentos en que se encontraba realizando su turno como vigilante privado de una mina de la que se extrae material para la fabricación de asfalto, ubicada en el lugar conocido como Maríamina en el corregimiento de Campana, jurisdicción del municipio de Dibulla (La Guajira).
La lista de asesinatos, masacres y genocidios, podría seguir aumentando, pero con los anteriores casos se evidencia la guerra sucia que enfrenta Colombia, en la cual, quienes menos posibilidades tienen para defenderse y actuar, quienes representan un estorbo para los fines de acumulación privada, son a quienes los fusiles acallan primero.
