Desde el primer momento de la creación de nuestra organización hemos venido siendo víctimas de múltiples amenazas, asesinatos y hemos sido obligados a abandonar el país, se nos ha pretendido exterminar a como dé lugar. Estos hechos que han sido judicializados en su momento, pero siempre la respuesta y acompañamiento de las instituciones oficiales ha sido precaria y las medidas de protección siempre han estado sujetas a los resultados de los estudios técnicos de riesgos.Nuestra propuesta ha sido y seguirá siendo la defensa de los más débiles y la lucha por construir las herramientas mínimas para impulsar la búsqueda de la restitución de los derechos violentados y por tantos años pisoteados de la Población Desplazada que día a día aumenta más y que frente a un Estado de Cosas Inconstitucional no podemos callar, ya que somos concientes que la historia algún día nos llamara a cuentas así como también a los actores armados y a todos aquellos que aportan grandes capitales para que la guerra se prolongue y que mientras la guerra continué es nuestra obligación evitar al máximo que nuestros muertos y los desterrados por estos actores sean olvidados y convertidos solo en cifras para el sistema.
Aún que es claro que no queremos ser otros mártires de esta guerra en que vive nuestro país, producto del conflicto interno, tampoco podemos permitir que la justa causa de la defensa de los derechos de nuestras familias se convierta en letra muerta.
(Extracto de la ampliación de denuncia ante la Fiscalía instaurada por líderes de la OPDDI el pasado 5 de mayo)






