Publicado en: http://prensarural.org
El pasado día 29 de julio a las 5 de la tarde, Jhony Abril y Juan Carlos Quintero ,miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo y voceros en la Mesa de Interlocución y acuerdo del Catatumbo MIA, se movilizaban por la céntrica calle 26 en la ciudad de Bogotá a la altura de la Universidad Nacional, acompañados por el esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección debido al alto riesgo que corren sus vidas por el trabajo que realizan en defensa de los derechos humanos, como así lo reconoce el propio Estado colombiano. En ese lugar se produjo una nueva situación que puso en grave peligro a miembros de nuestra organización.
Al salir de la reunión a la que acudieron, se dispusieron a tomar un taxi para poder trasladarse al aeropuerto el Dorado de la capital colombiana. En el trayecto ambos líderes se dieron cuenta de que dos agentes en motocicletas los iban siguiendo por espacio de 3 o 4 cuadras. A los pocos metros los motorizados se adelantaron y obligaron al taxi a orillarse y detenerse.
Con actitud déspota y grosera los uniformados obligaron a todos los pasajeros a salir del carro y mostrar su identificación, además de ordenarles someterse a una requisa. El escolta de la Unidad Nacional de Protección, Jhony Oswaldo Ospina, inmediatamente presentó su acreditación y explicó que los demás pasajeros eran protegidos suyos por orden del Ministerio del Interior. Los agentes contestaron que ellos podían requisar hasta a un magistrado si les daba la gana.
Los miembros de la fuerza pública radiaron las cédulas de los defensores y del escolta de seguridad y requisaron el taxi exhaustivamente, como también realizaron requisas abusivas en los bolsos de todos los pasajeros del taxi.
Los defensores de derechos humanos Jhony Abril y Juan Carlos Quintero pidieron explicaciones y exigieron que se identificaran inmediatamente. Uno de los agentes dijo apellidarse Peláez, mientras que el otro no quiso identificarse a pesar de que el chaleco tapaba su marquilla.
Los uniformados afirmaron que la requisa era justificada porque no sabían si eran defensores de derechos humanos o bandidos y que todo se debía a que el día anterior les habían colocado un "petardo" en esa misma zona. Ambos defensores contestaron que no es culpa de ellos el problema de la delincuencia en la ciudad.
Existen antecedentes recientes sobre hostigamiento contra nuestra organización ya que el pasado día 17 de julio en la ciudad de Ocaña y en el marco de la acción humanitaria que se llevó a cabo a cuenta de la crisis humanitaria en el corregimiento Mesitas del municipio de Hacarí, desconocidos que se movilizaban en motocicleta, estaban armados y portaban binoculares, estuvieron haciendo seguimientos y tomando imágenes de los líderes y el esquema de protección de Juan Carlos Quintero en el terminal de transporte de dicha población.
ASCAMCAT considera estos hechos una provocación más y un nuevo hostigamiento contra nuestros líderes que vienen siendo objeto de abusos, seguimientos, señalamientos y amenazas por parte de la fuerza pública y de actores armados ilegales.
Exigimos que nuestros esquemas de protección sean respetados de manera escrupulosa por parte de los miembros de la Fuerza Pública y se abandone la estrategia del desgaste contra nuestra organización. Queremos dejar claro que ninguna de esas acciones a las que el estado nos somete, va a conseguir que abandonemos la lucha contra el latifundio y contra la violación a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Responsabilizamos directamente al coronel de la policía metropolitana de Bogotá por la seguridad de nuestros líderes en la capital de la nación, donde vienen realizando algunas de sus actividades políticas. Responsabilizamos también al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y al Presidente de la República Juan Manuel Santos por la integridad física y psicológica de los miembros y líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo.
