A mediados del primer mes de este año, se dio a conocer extraoficialmente el Decreto que amparado en la emergencia económica y social dictará en el día de hoy el gobierno del Presidente Santos, en el cual de una manera unilateral y de un solo tajo liquidará a 32 Corporaciones Autónomas dejando con una propuesta de reorganización en grandes cuencas, solamente a 16 y la Corporación Coralina.
Este Decreto es la culminación de una pretensión que se venía cocinando de tiempo atrás (desde el gobierno anterior), pero que no había encontrado ambiente político para su concresión en el Congreso de la República. En la actualidad y con la disculpa de la tragedia invernal, el actual gobierno encuentra un chivo expiatorio en las CARS para escudarse de su negligencia, como bien lo señaló en su debate en el Senado de la República, el senador Jorge Enrique Robledo.
Las CARS son asesoras y brindan acompañamiento técnico por ley a las entidades territoriales para que estas afronten el tema de la gestión del riesgo. Anticipadamente informaron de los peligros que se avecinaban y sin embargo no se reaccionó a tiempo y ya con el desastre en pleno desarrollo era necesario buscar un culpable para ponerlo en la picota pública y estas terminaron siendo las Corporaciones Autónomas.
El decreto no solamente es lapidario en términos de liquidar las CARS actuales, sino también en borrar la participación de la sociedad civil representada en las ONG´s ambientalistas que han contribuido con su trabajo a mejorar las condiciones ambientales del país. Su propósito es eminentemente centralizador y dejará en manos del gobierno central el manejo de las Corporaciones, pues tendrán amplia mayoría en los consejos directivos reestructurados.
Para el caso particular del departamento del Tolima, la liquidación de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, es un golpe al corazón de la región, pues como autoridad ambiental ha venido jugando un papel importante en controlar los diversos y heterogéneos frentes de deterioro ambiental como la minería ilegal, la contaminación auditiva, la recuperación de las rondas hídricas, el saneamiento básico, la ordenación de cuencas, la educación ambiental, la seguridad alimentaria entre otros.
Este Decreto merece nuestro pronunciamiento en el sentido de rechazar su pretensión por inconstitucional y porque lesiona a las regiones, limita la participación ciudadana, es centralizador y además borra de un tajo a una institución como CORTOLIMA que viene haciendo un importante trabajo en su misión de conservar el ambiente y ejercer su labor de autoridad ambiental.
Como Representante de las ONG´s ambientalistas en el Consejo Directivo de la Corporación, quiero manifestar mi enérgico rechazo a este Decreto y quiero anticipadamente solidarizarme con CORTOLIMA con sus funcionarios y su Directora.
Si este espacio se cierra para las ONG´s, mantendremos nuestro espiritu indeclinable de seguir contribuyendo al cuidado y conservación del ambiente, a la defensa de nuestros recursos naturales y a exigir espacios de participación ciudadana en la gestión ambiental.
Hugo Rincón González
Sobre la Pretensión de liquidar las CAR
SOBRE LA PRETENSION DE LIQUIDAR LAS CAR
